martes, 11 de junio de 2019
"ASESINATO DE CARDENAL POSADAS OCAMPO, RUIZ MASSIEU Y COLOSIO MURRIETA" Esos tres crímenes —dice Ignacio Ovalle, diputado federal, secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, cuyo nombre fue citado en el curso del proceso judicial contra los presuntos asesinos de Ruiz Massieu— ocurrieron en un clima de patología social a la que se llegó por muchos caminos, pero sobre todo por uno: el “del sentido patrimonialista, que se ha dado en llamar endógeno, de la política Es decir, el creer que a través de pequeños cotos de poder pueden exculparse faltas o puede prolongarse el ejercicio del mismo” Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI a la Presidencia de la República, fue asesinado el miércoles 23 de marzo de 1994, a las 5:12 de la tarde, hora del Pacífico, 7:12 hora del centro del país… Han transcurrido 25 años de los hechos y por ello vemos a un México “con hambre y sed de justicia”. La muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón, del 17 de julio de 1928, por el enrarecido ambiente político en el que sucedió, además de los errores, omisiones y desatinos que se cometieron en el curso de la investigación, este caso generó grandes sospechas e incredulidad entre la población. Uno de los puntos que levantó sospecha en torno al caso fue la elección de Lomas Taurinas como sede del mitin, ya que se trataba de un lugar que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad para los asistentes ni para el candidato, y presentaba múltiples problemas de logística; todo ello se pasó por alto. A principios de marzo de 1994 el equipo de campaña decidió que se realizaría una visita a Tijuana, que incluiría un «diálogo» con colonos de zonas populares. Para la sede del acto político se descartaron zonas conocidas como El Terrenazo y El Florido, así como el hipódromo, la plaza de toros, la explanada del PRI local, el ejido Mariano Matamoros y un deportivo, porque no se quería realizar un evento de gran magnitud que ocasionara problemas viales. asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo, cardenal de la Iglesia católica en México y obispo de Guadalajara, ocurrió el lunes 24 de mayo de 1993 a las 15:45 de la tarde, tiempo del Centro, luego de ser acribillado en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Aunque el caso no ha sido cerrado de manera formal, la Procuraduría General de la República sostiene la versión de que el cardenal fue ejecutado por sicarios del cártel de narcotráfico Arellano Félix, quienes lo confundieron con El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Aunque la Iglesia católica mexicana ha seguido de cerca el curso de las investigaciones, a lo largo de los años ha expresado su desacuerdo con las conclusiones de las autoridades, y asegura que el jerarca religioso fue víctima de un complot. A diferencia de los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y el cardenal Posadas en meses previos, los detalles de este crimen parecen ser claros desde un inicio. La víctima, José Francisco Ruiz Massieu, sale del hotel Casa Blanca, a unas cuadras de Reforma. Son las 9:22 de la mañana del 28 de septiembre, y momentos antes ha concluido un desayuno político del Partido Revolucionario Institucional, en el que participan 180 diputados. Al abordar su automóvil, “un tirador solitario” se acerca a Ruiz Massieu. Saca una pistola nueve milímetros y le dispara a quemarropa del lado izquierdo del cuello. Es casi seguro que prepara un segundo tiro, pero la pistola se encasquilla. El hombre huye a pie. El tirador es arrestado poco después por un policía bancario. Las autoridades lo tienen en custodia al mismo tiempo que Ruiz Massieu va camino al Hospital Español, a donde llega a las 10:06. Joseph Manso, funcionario de la sección política de la embajada de Estados Unidos, escribe que según “información no confirmada”, necesita de asistencia mecánica para respirar. 24 minutos después es declarado muerto. En un cable enviado ese mismo día al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado, dice que sólo lo puede sostener por fuentes cercanas, ya que no hay nada oficial. Al poco tiempo de que Manso redacta el cable, Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima y subprocurador en la Procuraduría General de la República (PGR), da la noticia a la nación: el secretario general del PRI, el próximo líder de bancada en la Cámara de Diputados, el ex cuñado y todavía hombre de gran cercanía al presidente Carlos Salinas ha muerto. Es el segundo priista prominente asesinado en seis meses. Aparecen los reportes preliminares, filtrados desde alguna dependencia gubernamental mexicana. El detenido se llama José Roberto Ortega, y tiene alrededor de 30 años de edad. En la sede de la embajada estadunidense, a unas cuadras del Casa Blanca, los funcionarios presentan teorías iniciales. Ruiz Massieu había sido gobernador de Guerrero. Es posible que haya estado vinculado con actos violentos —no especifican cuáles— en el estado. Tal vez se trate de un ajuste de cuentas del pasado. Las declaraciones no se hacen esperar. El primero en hablar es el presidente Salinas, quien anuncia una investigación y da condolencias a su propia familia, porque Ruiz Massieu había sido su cuñado. Después toca el turno al presidente electo, Ernesto Zedillo. Es un crimen en contra de todos los mexicanos, dice. Porfirio Muñoz Ledo, entonces presidente del Partido de la Revolución Democrática y ex priista, hace uso político del evento: este tipo de actos deben persuadir a los mexicanos hacia una transición democrática pacífica. A media tarde hay un nuevo anuncio de la PGR. El detenido no es José Roberto Ortega, sino Joel o Héctor Reséndiz, de Acapulco. La embajada, que dispone de un gran número de fuentes en distintos círculos, escucha dos teorías nuevas: la primera, es posible que sea una venganza del narcotráfico, y la segunda —aportada por alguien en el PRI— es que se trata de un ataque de los “dinosaurios” del ala vieja del partido, que se rehúsan a ser democratizados. Al día siguiente la prensa y los mexicanos reaccionan con un “shock mesurado”. El gobierno, a través del procurador general de la República, Humberto Benítez Treviño —padre de #LadyProfeco—, modifica varios de los datos iniciales por segunda vez. Parece estar convencido de la identidad del sospechoso. Se llama Daniel Aguilar Treviño y es tamaulipeco. Confiesa y da varias pistas al gobierno, así como nombres de conspiradores. Ese mismo día comienza una operación policiaca “masiva” en Tamaulipas. Mientras tanto, el PRI no pierde el tiempo. Aunque Ruiz Massieu todavía no ha sido sepultado, ya piensa en cómo reorganizar su baraja. Según Manso, probablemente sostendrá una reunión ese mismo fin de semana para elegir sucesores. El principal candidato a tomar la Secretaría General es Esteban Moctezuma, y el próximo coordinador de la bancada será Humberto Roque Villanueva. Aunque “todavía no hay un motivo claro para el asesinato”, elabora Manso, las teorías mantienen un lugar en común, Tamaulipas. La primera opción, dice, es que el Cártel del Golfo haya tenido mano en el asunto. Pero acota, el CDG también “renta” gatilleros a quien pague por ellos. Pudieron haber sido autores materiales sin ser intelectuales. “De esta teoría hay muchas variantes”, comenta. La segunda opción, según el gobierno mexicano, es que uno de los responsables puede ser Abraham Rubio Canales, quien dirigió la campaña de Ruiz Massieu para gobernador de Guerrero. Rubio es de Tamaulipas y conserva propiedades en el estado. Se encuentra preso, purgando una condena de 14 años, pues es culpable de perpetrar un fraude “de muchos millones de dólares”. Hay algo que parece dejar clara su culpabilidad en este asunto: Treviño y Carlos Ángel Cantú Narváez, ya identificado como su cómplice, trabajaban en el rancho de Rubio. Un hombre llamado Fernando Rodríguez González reclutó a ambos y les ofreció 50 mil pesos, o 15 mil dólares, por llevar a cabo el atentado. Eso dicen las primeras pesquisas del gobierno. Los funcionarios mexicanos se acercan a la embajada para pedir ayuda. Quieren estar seguros de que el detenido es en verdad Aguilar Treviño. Entregan un juego de huellas dactilares, que llega a manos del FBI. Sin embargo, el FBI las desecha: no sirven para análisis. México promete enviar un juego nuevo.
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